El Salvador: Aumenta violencia de maras

SAN SALVADOR, El Salvador – Pasado un mes del fin de la tregua de dos años, las pandillas se han reorganizado en El Salvador.
Los pandilleros están aumentando su actividad delictiva, consiguiendo arsenal de grado militar y profundizando sus relaciones con la organización narcotraficante mexicana Los Zetas, según el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Perdomo.
Perdomo reveló el 7 de abril planes de algunos subgrupos de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 (M-18) para atacar directamente a policías, militares y empleados públicos.
“Hay una mutación de las pandillas hacia una estructura de narcotráfico. Algunos subgrupos han recibido entrenamiento militar y penetrado más en las comunidades”, expresó Perdomo.
Los cabecillas de las pandillas han cambiado su forma de operar y durante la tregua, entre marzo de 2012 y marzo de 2014, modificaron sus estructuras para tener un mayor control territorial, según el criminólogo y especialista en ciencias policíacas salvadoreño Carlos Ponce.
“Estamos ante una reorganización de las pandillas. Con la tregua, se crearon condiciones para la evolución de las pandillas y su transformación a organizaciones criminales más sofisticadas, poderosas y peligrosas”, subrayó el experto.
Debido a la porosidad de las fronteras del Triángulo Norte Centroamericano, que conforman El Salvador, Honduras y Guatemala, hoy las maras se mueven más libremente, añadió Ponce.
“[Tenemos] evidencias de un enlace de Los Zetas, que es el encargado de llevar la droga a Estados Unidos y que tiene nexos con las maras, a las que les pagan con armas y con drogas por el comercio y narcomenudeo que las pandillas realizan en algunos lugares”, dijo Perdomo el 25 de abril pasado.
Los Zetas trafican armas a las maras a través de Honduras, agregó.
“Como sus aspiraciones son mayores y están más involucradas en el transporte y venta de narcóticos, es lógico inferir que [las armas provienen] de los mismos [carteles], que alimentan a las organizaciones criminales transnacionales dedicadas al narcotráfico en México y el istmo centroamericano”, dijo Ponce.
La Policía Nacional Civil reportó 787 homicidios en el país entre enero y marzo de 2014, un promedio de 8,74 muertes diarias. En el mismo período del año anterior se contabilizaron 551 asesinatos, 6,12 fallecidos diarios.
Marzo fue especialmente duro, con 305 muertes violentas, 72% de las víctimas ultimadas a tiros, según el Instituto de Medicina Legal (IML). El mismo período de 2013 registró 171 muertes violentas.
Las autoridades policiales registraron 47 atentados contra agentes y militares entre enero y marzo, 17 más en comparación con el mismo período de 2013.
El 5 de abril, integrantes de Barrio 18 emboscaron un carro patrulla que atendió a un falso llamado de emergencia en la Hacienda San Lorenzo del municipio de Quezaltepeque. El agente Fredy García Ramírez, de 29 años, murió en el ataque y otros tres oficiales resultaron heridos.
Además, un agente policial fue herido en un intercambio de disparos con integrantes de la MS-13 en el municipio de San Rafael Cedros, en el departamento de Cuscatlán.
En ambos operativos la PNC capturó a varios integrantes de ambas maras y decomisó fusiles M-16, AK-47 y escopetas.
Se han detenido 334 pandilleros por delitos relativos a drogas de enero a marzo, según Héctor Mendoza Cordero, subdirector de Investigaciones de la PNC.
En todo 2013, la División Antinarcóticos (DAN) de la PNC detuvo a 1.036 pandilleros por delitos relativos a las drogas, en comparación a 590 de 2012.
“Estamos en la ruta de desmantelar las estructuras del narcotráfico y darle duros golpes a las pandillas involucradas. No nos vamos a detener”, dijo Mendoza Cordero.
Respuesta institucional
El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública anunció el 16 de abril la aplicación del artículo 6 de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, que castiga con 25 a 30 años de cárcel al que ataque “ciudades, poblados, edificios o instalaciones privadas, lugares de uso público, sedes diplomáticas, o de lugares destinados a cualquier culto religioso, sea total o parcialmente, empleando para ello armas o explosivos”.
“Vamos a aplicar [la ley] para defender a la población trabajadora del país, militares y policías. No vamos a consentir incrementos de ataques contra policías, vamos a ser implacables contra los atacantes de un agente policial o su familia”, dijo Perdomo.
El director general de la PNC, Rigoberto Pleités, indicó que habrá cambios drásticos en las estrategias actuales, sin entrar en detalles por motivos de seguridad.
“Tomaremos mayores medidas de seguridad pública. La PNC no está amedrentada y actuaremos como cuerpo en atención a estos hechos nefastos”, dijo.
Para proteger a policías y militares, la Asamblea Legislativa aprobó reformas al Código Procesal Penal en noviembre e incorporó el artículo 323 A, que establece que los efectivos no compartirán celdas con reos comunes.

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